El Gobierno de España anunciaba, el pasado viernes, 24 de febrero, su intención de poner en marcha un plan que permitirá que las empresas proveedoras cobren las deudas que tienen contraídas con las administraciones. Un importe que, según se estima, asciende a entre 30.000 y 50.000 millones de euros.
En estos momentos, el Gobierno está ultimando un sistema por el cual los proveedores podrán cobrar sus facturas pendientes directamente en las entidades financieras que decidan participar en esta medida, gracias a la creación de un consorcio formado entre la banca y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El Ejecutivo explicó que los primeros en cobrar serán aquellos proveedores que asuman quitas en la deuda que los ayuntamientos mantienen con ellos y priorizará también a aquellos acreedores que dispongan de las facturas más antiguas. Será el Estado el que avale la deuda de los ayuntamientos quedando asegurado, de este modo, su cobro ante las entidades financieras. Podrán beneficiarse de esta medida todos los proveedores con facturas anteriores al 1 de enero de 2012 y el plan estará vigente durante todo 2012.
Las empresas acreedoras podrán hacer efectivo el cobro de sus deudas acudiendo directamente a las entidades de crédito que colaboren y presentando el Código de Identificación Fiscal.
De igual, modo, el Ejecutivo ha pedido a los ayuntamientos que envíen al Ministerio de Hacienda, antes del 15 de marzo, el listado de todas las facturas pendientes de pago. Los proveedores podrán consultar si su deuda figura dentro de la remitida a Hacienda. En caso de que no sea así, podrán exigir al ayuntamiento que emita un certificado individual.
