Representantes de cerca de un centenar de empresas y fincas afectadas por el incremento del IBI en Arganda asistieron esta mañana a una reunión organizada por ASEARCO. Los servicios jurídicos que colaboran con la asociación empresarial ofrecieron información sobre el estado en el que se encuentra el recurso colectivo que se va a interponer en el Tribunal Superior de Justicia de Justicia de Madrid contra la ordenanza que establece la subida del impuesto.
Hay que recordar que el TSJM lo admitió a trámite, pero había que esperar a que el Ayuntamiento de Arganda facilitara la documentación completa del expediente para formalizar el recurso.
El expediente debía contener todos los datos técnicos que necesitaban conocer los abogados. Por ejemplo, información del alcance de la norma donde se pudiera saber el detalle de las empresas afectadas por la Ordenanza, los tipos de usos de los inmuebles así como el cumplimiento del procedimiento. La ampliación de dicha información se había reclamado vía judicial en varias ocasiones.
En los próximos días los servicios jurídicos de ASEARCO tienen previsto formalizar completamente el recurso colectivo. Durante la reunión, los abogados desgranaron los principales pilares de los argumentos que se van a utilizar en dicha demanda.
Las empresas afectadas por el incremento del tipo impositivo del 0,48% al 1,1 % del IBI en Arganda son aquellas con inmuebles cuyo valor catastral, de forma general, supera los 500.000 euros (si bien, según el uso que tengan los inmuebles, hay variación de este umbral).
Una subida de casi un 130%
En 2022 las pymes afectadas han tenido que encajar en sus cuentas de resultados el mazazo de un recibo que supone una subida de casi un 130% .
Los servicios jurídicos de ASEARCO han estado asesorando y ayudando a las empresas que así lo han solicitado desde el primer momento en el que se conoció el incremento impositivo. Buena parte de los perjudicados son pymes familiares, cooperativas, negocios sin grandes estructuras empresariales que cuentan con amplios espacios necesarios para su actividad, pero de los que no sacan rendimiento económico suficiente como para poder encajar en sus cuentas un incremento impositivo tan desproporcionado.
En la imagen, José Luis Sartorius, economista y perito; Álvaro Torrecillas, abogado; David París, presidente de Asearco; Juan Ramón Montero Estévez y Jesús Garzas, abogados del despacho Montero Estévez, Labrador & Asociados.