Luis Méndez, Director de Asuntos Laborales de la patronal madrileña, CEIM, y Miguel Ángel Neila, Secretario General de UGT Sureste, explicaron cómo habrá que adaptarse a esta medida laboral.  Ofrecieron su visión sobre las dificultades, las ventajas y los retos que traería consigo

La propuesta de Reducción de la Jornada Laboral, planteada en el Pacto de Investidura del Gobierno de España, fue ayer el epicentro de una mesa de debate celebrada en Arganda del Rey. Contempla que el primer tramo de la reducción de la jornada laboral, hasta las 38,5 horas, se haga efectivo este año. El segundo,  hasta las 37,5 horas, se implantaría en 2025.

La mesa “Reducción de jornada, hacia un futuro más equilibrado” fue organizada por UGT Sureste de Madrid y tuvo como protagonistas a Luis Méndez, director de Asuntos Laborales de la patronal regional CEIM y a Miguel Ángel Neila, Secretario General de UGT Sureste. Abrió el evento Mª Dolores Martín, concejala de Promoción Económica y Polígono Industrial del Ayuntamiento de Arganda y la mesa fue moderada por Raúl Toledano, Secretario de Organización y Política Sindical.

También asistieron David París y Ana Castañeda, presidente y gerenta de ASEARCO, entidad colaboradora en el evento.

Luis Méndez explicó que para que la reducción de la jornada laboral no comprometa la productividad y el empleo sería necesario que se acordara de forma bipartita, entre empresarios y sindicatos, y analizándose por sectores (de hecho, los hay que ya han acordado las jornadas de 37,5 horas). En este sentido, los agentes sociales tenemos la costumbre de llegar a acuerdos”. Explicó que la negociación colectiva es la mejor herramienta para debatir y llegar a consensos porque tiene en cuenta la realidad de cada sector y de cada empresa en concreto.

Este esfuerzo por llegar a acuerdos se está realizando aun cuando no se están teniendo en cuenta ciertas realidades (el país tiene la tasa de paro más alta de Europa, es decir, hay dificultad para crear empleo, han aumentado los costes de la Seguridad Social y también el SMI, en este caso, sin consensuar con el tejido productivo). Estamos en un entorno “hostil para las empresas” de inseguridad jurídica (con 26 normas laborales aprobadas en pocos meses), con el importante peso fiscal que han de soportar, al mismo tiempo que han encajar precios disparatados de la energía y de las materias primas.

De izquierda a derecha, Raúl Toledano, Secretario de Organización y Política sindical de UGT Sureste, Luis Méndez, director de Asuntos Laborales de CEIM, Mª Dolores Martín, concejala de Polígono Industrial y Promoción Económica y Miguel Ángel Neila, Secretario General de UGT Sureste.

El Director de Asuntos Laborales argumentó que la Negociación Colectiva había dado muestras de su eficacia en todos los ámbitos en los que son necesarios pactos laborales. Por ejemplo, la variación salarial pactada es, en nuestra comunidad autónoma, es del 3,5%, superando incluso la inflación y el 25% de los trabajadores tienen cláusula de garantía salarial, incluso en un contexto de incertidumbre en materia de inflación como el que estamos viviendo.

Las propuestas empresariales, en caso de que se apruebe la reducción de la jornada por Decreto-Ley

En cualquier caso, tal y como explicó el representante de la patronal madrileña CEIM, si se aprueba un Decreto- Ley sin acuerdo bipartito habría que, al menos, establecer un periodo transitorio para que los convenios colectivos  vigentes se pudieran adaptar a esta situación.

Hay que tener en cuenta que el primer año en el que se aplicaría el primer tramo de la reducción de la jornada hasta las 38,5 horas (en 2024) no afectaría prácticamente a las empresas y los trabajadores. Pero el segundo año, 2025, cuando sí se alcanzaría las 37,5 horas, afectaría y mucho al 70% de las empresas.

Entre las numerosas cuestiones que habría que tener en cuenta al introducirse la medida, Méndez señaló que habría que estudiar cómo se reducen los contratos a tiempo parcial, qué ocurriría con las horas complementarias y, además, habría que ver cómo afecta la medida a las contratas públicas. Se tendrían que contratar a tiempo parcial a trabajadores para que suplieran esa jornada no trabajada y ello podría plantear escenarios complejos donde fuera realmente difícil encontrar personas dispuestas a trabajar por dos o tres horas, por ejemplo.

Además, expuso las dificultades que podría conllevar aprobar la medida este año (estamos superando el primer trimestre), afectaría y tendría un gran impacto en el calendario y en las previsiones internas de actividad de las empresas.

Necesidad de una mayor flexibilidad para las empresas

Luis Méndez, por otro lado, explicó que, al menos, el Ministerio de Trabajo ha comprendido que la jornada  ha de computarse anualmente (en un principio, se había planteado fijar unas horas de trabajo máximas a la semana. La opción de computarse anualmente permitiría que las empresas mantengan su flexibilidad para establecer los turnos o la organización de trabajo que les interese, eso sí, tendrían que reducir el tiempo máximo de trabajo anual).

Según Méndez, tiene que ser una medida flexible para que en determinadas semanas se trabaje más y en otras menos, en función de las necesidades de producción e incluso de diversos factores cruciales como, por ejemplo lo es para algunos sectores, el clima.

Otra de las propuestas que lanza la CEIM, en caso de que la jornada laboral sea establecida, es la necesidad de potenciar la distribución irregular de la jornada: “ha de ser así si queremos que las empresas estén de acuerdo en la medida, sobre todo, en los sectores que más lo necesitan. Por ejemplo, en los que se  trabaja muchos o todos los días de la semana”.

Por otro lado, se tendría que eliminar la restricción máxima de horas al día . Y en este sentido, el Director de Asuntos Laborales de CEIM explicó que un incentivo muy interesante para atraer y fidelizar empleados es plantear, por ejemplo, que trabajen cuatro días a la semana. Una situación que exigiría, en algunos casos, modificar el máximo de horas al día establecido o cambiar el máximo de horas extras para poder tener algún tipo de flexibilidad que ayudara a las empresas.  En el contexto europeo, nuestro país es el que menos horas extras permite.

130 convenios vigentes en la región, muestra de la eficacia de la negociación bipartita

Luis Méndez concluyó su intervención afirmando que  “hay mucha tarea por delante, pero sin lugar a dudas, seremos capaces de llegar a acuerdos”: “Tenemos 130 convenios colectivos vigentes en la región y dentro de un año también existirán y se habrán tenido que adaptar a lo que nos diga el BOE. Pero insistimos, “si pudiera ser, mejor llegar a consensos a través de un acuerdo bipartito”.

“Somos pobres en tiempo”: la visión del sindicato

 Miguel Ángel Neila, Secretario General de UGT, por su parte, explicó que los sindicatos coinciden en muchos temas con las patronales y en otros, tienen todavía que ponerse de acuerdo.

Recordó que la reducción de la jornada laboral es una reivindicación histórica del movimiento sindical, en especial, de la UGT,  y han pasado 40 años desde la última que alcanzó las 48 horas semanales: “lo que no ha impedido que se incremente la productividad”. Indicó que ha cambiado el modelo productivo y ahora es el momento de adaptarse al presente, “hoy somos pobres en tiempo”: “desde UGT valoramos la posición del Gobierno de plantear la reducción de la jornada a las 37,5 horas a la semana, pero vamos más allá, queremos que esta sea la legislatura en la que se alcancen las 35 horas a la semana”. En este sentido, explicó Neila, esperan lograrlo a través de la negociación colectiva.

Por otro lado, el Secretario General de UGT Sureste explicó que es necesario legislar esta medida para que sea una realidad  porque el tejido productivo del país está compuesto por  pymes que, en muchos casos, no cuentan con negociación colectiva.

Neila manifestó que la reducción de la jornada laboral sin comprometer la competitividad empresarial es “realista, necesaria y ambiciosa”. Posteriormente, el representante sindical explicó las principales ventajas que ofrecería a los trabajadores la medida.

Entre ellas, permitiría una mayor conciliación de la vida laboral y familiar, favorecería la seguridad y la salud en el trabajo (en sus palabras, permitiría reducir bajas laborales, los riesgos psicosociales). También indicó que sería una de las claves para producir más y mejor, permitiría combatir el desempleo, favorecería las políticas de sostenibilidad. Por otro lado, indicó que supondría equilibrar la situación de la mujer, quien suele asumir buena parte de las responsabilidades familiares, al mismo tiempo que desempeña su actividad laboral, dejándole poco espacio para el tiempo propio.

Necesidad de bonificar a las pymes por el esfuerzo realizado

En cuanto a los retos que el ámbito laboral tiene por delante, indicó que es necesario incrementar el número de inspectores de trabajo (hay uno por cada mil trabajadores, en sus palabras), compactar la jornada laboral. También explicó que se debería compensar a las pymes para que la medida se pueda llevar a cabo. Se debería bonificar el esfuerzo que supondría adoptar la reducción de la jornada laboral para lo que podrían estudiarse diversos mecanismos de financiación.